El colapso anunciado del sistema mixto de pensiones

Alberto Bonadona Cossío

La discusión entre un sistema de reparto y uno de capitalización individual adquiere una trascendencia inusitada entre el gobierno y la COB. Un tema que su tratamiento generalmente parte de consideraciones técnicas hoy es susceptible de la más alta politización, de toma de ministerios y dinamitazos en pleno centro de la sede de gobierno. No es que la sede sea una taza de leche y no conozca tales convulsiones, lo que resalta es que el tema de controversia sea cómo administrar el sistema nacional de pensiones. Por las circunstancias que predominan y con miras al referéndum revocatorio, la fácil salida a la controversia ya es la mezcla de ambas modalidades. El proyecto de ley del gobierno emerge, precisamente, como la alternativa mixta. Una vez que la COB lea con calma el proyecto se plegará a él plenamente. Sin embargo, a la larga, con tal opción, el remedio será peor que la enfermedad por tratarse de la respuesta errada para una sociedad con la mayoría de su fuerza laboral en la informalidad y dentro de una economía natural de subsistencia.

Si, como busca la COB, se restablece un sistema de reparto a costa del sistema de capitalización individual, se requerirá la confiscación del capital acumulado de 3.300 millones de dólares. Podría permitirse que ambos sistemas coexistan, opción que requerirá los márgenes de seguridad y confianza en los que operan las AFP. Además con una Superintendencia que cumpla su rol con los estándares que la actual no alcanzó; en los hechos no impulsó mayor competencia que mejoré la calidad del servicio y, entre otros varios aspectos, no logró, por su función bursátil, crear el propicio entorno financiero y legal para una mayor participación empresarial en la emisión de títulos valores. No veo con buenos ojos la creación de una AFP pública porque aprovechará su condición de pública para obtener ventajas del Estado y su supervisión será débil. Para los propósitos del gobierno es más útil, sin embargo, mantener la capitalización individual en manos de su Gestora pública. En este caso debe permitirse el retiro de las cuentas individuales.

El reparto planteado por la COB es un componente del denominado sistema semicontributivo del proyecto gubernamental. Aunque no se tienen los detalles, su funcionamiento crea una bolsa común con los aportes patronales (en realidad parte del costo de la fuerza de trabajo), los derivados de las declaraciones juradas de personas naturales y los excedentes de las cuentas de riesgo común y riesgo profesional. El número de afiliados semicontributivos ascenderá vertiginosamente por lo bondadoso del sistema y, en periodo -estimo de 5 años- se aproximará a los 3 millones de individuos. La semicontribución aportada y el precipitado crecimiento de los jubilados semicontributivos, exigirá un creciente financiamiento estatal. El fondo común pagará en sus primeras etapas lo que ahora ofrece. Más allá, con certeza, sus beneficios decaerán.

Así, en no más de 15 años el sistema mixto de pensiones iniciará su nuevo colapso, llevándose consigo al denominado régimen contributivo que es el nada autárquico, mal regulado, sistema de capitalización individual. Una vez más en el país, una entidad creada al calor de una política que no busca sólidas instituciones, sino fomentar el caos, habrá cumplido su destino en tiempo record.