El Nuevo Modelo Económico de la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario Autonómico

Tagged:  

Raúl Prada Alcoreza

¿Cuáles son las bases del nuevo modelo económico que establece la organización económica del Estado en la Constitución Política del Estado? ¿Cuáles son sus características? ¿A dónde apunta la orientación y la dirección del proceso económico que supone el modelo económico? ¿Qué significa en todo esto el horizonte de la economía social y comunitaria? ¿Qué papel juega el Estado? ¿Qué significa la presencia en el modelo económico del título II, sobre Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, y el título III, sobre Desarrollo Rural Integral Sustentable? Estas son las preguntas que debemos abordar considerando el análisis y la interpretación de la organización económica del Estado plurinacional comunitario y autonómico, sobre todo cuando se tiene que aplicar la constitución, mediante leyes fundacionales y transformaciones institucionales.

Una lectura de la cuarta parte de la Constitución Política del estado, que corresponde a la organización económica del Estado, revela la riqueza y la complejidad del nuevo modelo económico, articulado al modelo de Estado plurinacional comunitario y al modelo territorial, configurado en base al pluralismo autonómico. Lo primero que aparece es la caracterización de la economía plural, compuesta por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Este modelo está orientado al vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. También establece que la economía plural es la economía social y comunitaria, que debe complementar el interés individual con el vivir bien colectivo. En otras palabras, el modelo plural se define como economía social y comunitaria. Esto es importante al momento de interpretar claramente las definiciones de la constitución en lo que respecta a los actos fundacionales de las leyes y a las trasformaciones institucionales que hay que llevar a cabo. Ahora bien, ¿cómo construimos esta economía social y comunitaria? La Constitución dice que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la economía comunitaria. Dice que esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (Art. 307). En otras palabras, esto comprende las estructuras, las instituciones, normas y procedimientos propios de las comunidades ancestrales. Esto es definitivamente importante cuando se tiene que tener una idea clara de la integralidad del modelo económico. Debemos evitar interpretaciones parciales, intencionales e interesadas, sobre todo en fragmentar las figuras componentes de la organización del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Un primer sesgo y desviación que aparece es cuando se supone que el Estado plurinacional comunitario y autonómico es el mismo Estado-nación, sólo con el añadido de algunas concesiones pluralistas. Esta perspectiva reformista no es otra cosa que una voluntad restauradora del viejo Estado-nación, del Estado moderno, de su vieja maquinaria colonial. Esta interpretación arbitraria es un peligro no sólo que limita el ímpetu transformador del proceso sino porque termina desconstitucionalizando el texto constitucional, llevándonos a la peligrosa situación de elaborar leyes que no respondan al espíritu constituyente de la Constitución. Por eso, hay que decirlo de una vez, el Estado plurinacional comunitario autonómico no es el mismo Estado-nación; es otro Estado, otra forma de Estado, establece una relación radicalmente distinta entre sociedades y Estado, entre naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y Estado. Hablamos definitivamente de otro mapa institucional. El Estado plurinacional comunitario autonómico requiere una revolución institucional, una revolución cultural, una revolución democrática, una revolución socio-ambiental, que integralmente se comprenden como la emergencia del modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que llamamos vivir bien.

Una segunda figura que aparece claramente en este proceso de conformación del nuevo modelo económico es el papel atribuido al Estado, que no debemos olvidar nunca que es otro Estado, otra clase de Estado. La función del Estado es conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana; dirigir la economía y regular los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía; participar directamente en la economía para promover la equidad económica y social; integrar las diferentes formas económicas de producción, promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente; promover políticas de producción equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles; formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo; gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización; además de regular la actividad aeronáutica (Art. 316). ¿Cómo entender esta función del Estado en el contexto de la economía plural, que es en sí y para sí economía social y comunitaria? ¿Se trata de un Estado en transición en el proceso de una mutación transformadora que crea las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales para el desarrollo de una economía social y comunitaria? Esta función del Estado debe descifrarse también comprendiendo la forma de organización económica estatal, que abarca a las empresas públicas y a otras entidades económicas de propiedad estatal. Esta forma de organización económica tiene por objetivos: administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales, ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y de los procesos de industrialización; administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado; producir directamente bienes y servicios; promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria; además de garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y beneficios ( Art. 309). El Estado articula las formas de organización económicas, dirige, interviene y regula la economía, industrializa los recursos naturales, orientando el proceso económico hacia el potenciamiento de la economía social y comunitaria, garantizando la democracia económica y la perspectiva del vivir bien. Este es un Estado administrador de las propiedades del pueblo boliviano, su administración pasa por la consulta, la participación y el control social. Es un Estado cuyo sistema de gobierno es la democracia participativa, que comprende el ejercicio de la democracia directa, la democracia delegada y la democracia comunitaria. Entonces se trata de una herramienta o de una maquinaria para lograr un fin, una adecuación de medio a fin; este fin es la economía social y comunitaria y el vivir bien. No se trata, de ninguna manera, como algunos nacionalistas y pragmáticos creen, que se trata de fortalecer el Estado, mantenerse en la lógica estatalista, circunscribirse en el círculo vicioso de la realización de la razón de Estado como si fuese el espíritu y el saber absoluto. Esta decadencia hegeliana en pleno crepúsculo del Estado-nación no es más que una desesperada ficción por mantener las estructuras de poder instauradas durante la colonia y evolucionadas, en forma republicana, hasta la conformación subalterna del Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista. La Constitución dice: No más Estado-nación, ha muerto, no más Estado moderno, está en crisis, sino la incursión en una nueva forma descolonizadora, el Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Las otras figuras que aparecen son la iniciativa privada y la libertad de empresa, las cooperativas y, fuera de estas formas de organización económica plurales, aparece un modelo ecológico que desborda al propio modelo económico, articulándolo al modelo civilizatorio y cultural del vivir bien. Como se puede ver, la organización económica del Estado plurinacional comunitario y autonómico propone un proceso integral, articulado y participativo encaminado a la conformación de la economía social y comunitaria en el tejido del modelo civilizatorio del vivir bien.

Retomando la caracterización de la economía plural, se establece que en este conglomerado el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación, se plantea que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado, que se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra, se propone la industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza, se determina que el Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar el abastecimiento para preservar la calidad de vida, se plantea el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica, además vuelve a quedar claro que el Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como alternativa solidaria en el área rural y urbana (Art. 311). Como se puede ver el Estado aparece como dirección del desarrollo económico y planificador, como administrador de los recursos naturales, como garante de la propiedad individual y colectiva, como interventor en la cadena productiva, también como garante de la iniciativa empresarial y de la seguridad jurídica, como fomentador de la economía comunitaria. Hay que tener claro que el Estado ahora es el Estado transversal, no se reduce al nivel central, menos al gobierno, el Estado comprende a todos los niveles autonómicos, el Estado comprende relaciones intergubernamentales y relaciones entre las asambleas legislativas, el Estado es el modelo territorial, es decir el pluralismo autonómico, comprendiendo su régimen competencial y el régimen económico financiero del nivel central y de las autonomías. El Estado es plurinacional comunitario y autonómico. Ahora bien, este Estado articula e integra el proceso de transformaciones del modelo económico, que se encamina al paradigma económico social y comunitario, al equilibrio ecológico, y al arquetipo civilizatorio y cultural del vivir bien. El Estado es el dinamizador de la transición transformadora, pero, a la vez, es un Estado en transición. No hay que olvidar que el horizonte es la economía social y comunitaria y la composición civilizatoria del vivir bien, donde la sociedad termina de integrarse equilibradamente a la naturaleza, dándose lugar a una clara consciencia cultural de la pertenencia a la complejidad del cosmos o al caosmosis. Esta intersubjetividad cultural es inmanente y trascendente, responde a la búsqueda de armonía, reciprocidad y complementariedad viviente.

En Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio se dice que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente (Art. 342). También se dice que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre las decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente (Art. 343). Y un poco más abajo se dice que las políticas de gestión ambiental se basarán en la planificación y gestión participativas, con control social; en la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente; en la responsabilidad por la ejecución de toda actividad que produzca daños medio ambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente (Art. 345). También se establece que el patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país (Art. 346). Como se puede ver no sólo se trata de la preocupación por la preservación y conservación del medio ambiente sino también de la problemática relación entre sociedad y naturaleza, más aún entre actividades sociales como las relativas a la producción, distribución, consumo y los ecosistemas, se tata de la búsqueda de la constitución o reconstitución del equilibrio (pacha). En realidad los títulos II y III de la Organización Económica del Estado trabajan el diseño de un modelo ecológico, complejo trabajo y difícil diseño pues se trata de resolver las contradicciones entre producción, industrialización, y equilibrio ecológico. La armonización y coordinación entre actividades económicas y naturaleza es requerida mediante la intervención estatal como garante de la preservación, conservación, mitigación ambiental, y a través de la participación social en la gestión ambiental y territorial. Así como hay que tomar el nuevo modelo como un proceso complejo de armonización y construcción de la economía social y comunitaria, también hay que entender el modelo ecológico como un proceso de armonización y construcción del equilibrio. La economía social y comunitaria y el modelo ecológico son complementarios, constituyen las bases, el sustento y el sostén del paradigma civilizatorio y cultural del vivir bien. En esta perspectiva se trata de realizar el vivir bien prácticamente, no sólo tenerlo como horizonte. ¿Cómo se hace esto? Resolviendo los nudos problemáticos, contradictorios, los obstáculos, que impiden el equilibrio, la armonía con la naturaleza, que saturan y rompen los equilibrios eco-sistémicos y atentan contra la biodiversidad. Para esto se necesita actuar en los mapas complejos de las realidades socio-ambientales, socio-territoriales, socio-económicos y socio-políticos. Este camino no es fácil ni simple, es complicada y compleja, está dibujada en la normativa constitucional. Un ejemplo de la elasticidad normativa en el despliegue del nuevo modelo económico se encuentra en el artículo 352, donde se dice que la explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Este artículo muestra claramente la elasticidad y la tensión de la transición; están contemplados todos los sujetos involucrados en el proceso, el Estado, la población, las naciones y pueblos indígenas, la ciudadanía y obviamente, ese sujeto, reconocido en la concepción del vivir bien que es la naturaleza. Todos tienen que participar en la transformación y armonización, en la gestión ambiental, en la conservación y también en a exploración sustentable de los recursos naturales. Este artículo nos muestra claramente la necesidad de la adecuación de la explotación y producción de los recursos naturales con la conservación de los ecosistemas. En otras palabras, modelo productivo y modelo ecológico tienen que armonizarse en la perspectiva del vivir bien. Se muestra la dificultades de hacerlo, pero también las salidas, una de ellas, y quizás una de las más importantes, tiene que ver con la participación de la población, con la gestión ambiental ciudadana, con la gestión territorial. La transición no puede realizarse sin la participación social, la transformación no puede desplegarse sin la coordinación de todos los sujetos involucrados. Esto implica una planificación territorial, bajo un enfoque de planificación integral y participativa. Para esto es menester tener claro la dirección y la orientación del proceso; se parte de la articulación coordinada de la economía plural, se involucra al Estado en esta articulación, se orienta su función en la perspectiva de la economía social y comunitaria, se asume el paradigma ecológico, creando las condiciones de realización del modelo civilizatoria y cultural del vivir bien. El modelo de Estado, el modelo autonómico y el modelo económico, componen el paradigma del vivir bien, construyen potenciando relaciones alternativas, basadas en las reciprocidades y complementariedades, recuperando, consolidando y expandiendo las formas comunitarias, las formas de cohesión colectivas, los saberes sociales y el intelecto general. La complejidad de esta transición tiene que ser situada en una suerte de coexistencia disputada de las formas sociales, colectivas y comunitarias en el contexto definido por la economía-mundo capitalista. Se trata de una larga transición combativa hacia un mundo alternativo al capitalismo. En esta perspectiva es indispensable combinar principio de realidad y principio esperanza, objetividad y utopía, encaminar la praxis en función del horizonte abierto por las luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

e-mail: oscarraulprada @ yahoo.com.ar