Gobierno y Conalcam miran al Congreso para definir referendo sobre nueva CPE

Gobierno y Conalcam miran al Congreso para definir referendo sobre nueva CPE

La Paz, 03 sep (Redacción central de ABI).- El Gobierno y los distintos sectores sociales aglutinados en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) fijaron este miércoles al Congreso Nacional como el único escenario donde se definirá el futuro de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

El presidente interino, Álvaro García Linera, señaló en La Paz que "ahora el tema de la nueva Constitución y el referendo ha pasado al Congreso", donde se deberá buscar acuerdos para que el primer poder del Estado asuma decisiones democráticas en función de lo que pide la mayoría.

García Linera sostuvo que si resulta "insuficiente o hay limitaciones o imposibilidad de aplicar o cumplir el decreto, el siguiente paso obligatorio es la ley" que debe ser aprobada en el Congreso Nacional.

No obstante, advirtió que no se permitirá que minorías políticas (en el Congreso) quieran imponer sus caprichos a las mayorías, y aseguró que "hay una mayoría política que hará valer su apoyo a través de decretos y leyes en cumplimiento de la Constitución".

Para el Dignatario, en la oposición congresal -representada por Poder Democrático y Social (Podemos), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN)- hay dos posturas: una que es la oposición derechista que fomenta el enfrentamiento, que está sumida a algunas elites y que no quiere encontrar soluciones.

Y a la par, dijo García Linera, existe una oposición democrática a la que el Gobierno acudirá para lograr los dos tercios y aprobar la ley que la Corte Nacional Electoral (CNE) solicitó para organizar el referendo constitucional.

El pasado 28 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo Nro. 29691 que fijó el 7 de diciembre para realizar el referendo dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución, basado en la Ley 3836 de 28 de febrero de 2008.

Sin embargo, el último lunes, a través de una nota oficial dirigida al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, la CNE le comunicó que no administrará ese proceso por existir "impedimentos legales" porque la consulta no fue llamada mediante una ley expresa.

El Mandatario interino explicó que hay dos formas técnicas que posibilitarían contar con una ley sancionada en el Congreso: una que sería el de convertir el Decreto Supremo Nro. 29691 en ley, y una segunda posibilidad que sería el de la iniciativa ciudadana, por la que hoy mismo se enfilaron los sectores sociales afines al Gobierno en Santa Cruz.

Según el artículo 6 de la Ley del Referéndum, una consulta nacional por iniciativa popular se convocará apoyada en firmas de por lo menos el seis por ciento (6%) del padrón nacional electoral.

El grupo de ciudadanos solicitantes cumplirá como único requerimiento el estar inscritos en el padrón electoral, situación que será verificada por la Corte Nacional Electoral, la que solicitará al Congreso Nacional la convocatoria respectiva.

En ese contexto, los sectores sociales del país a través del Conalcam, en un ampliado realizado en la ciudad de Santa Cruz, determinaron iniciar la recolección de al menos 150 mil firmas para la realización del referendo por la nueva Constitución en el marco de la iniciativa popular.

Además determinaron aplicar un cerco al Congreso Nacional hasta la aprobación de la ley, luego de una marcha hacia la sede de gobierno que iniciarán en la población de Caracollo (Oruro), ubicada a 199 kilómetros al sur de La Paz.

En ese contexto, el Mandatario interino anunció que se buscará un acuerdo en el Congreso para viabilizarla.

Tras su aprobación de la norma, García Linera afirmó que el organismo electoral y todas las instituciones estarán conminados a cumplir con la normativa y las que no lo hagan deberán asumir las consecuencias legales.

Indicó, por otra parte, que dependerá del momento en que sea aprobada la ley de convocatoria, el mantener o no, la fecha del plebiscito que había sido fijada por decreto para el 7 de diciembre.

En la otra vereda, la oposición más radical aglutinada en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) decidió masificar el bloqueo de carreteras en los cinco departamentos del oriente y sur del país para presionar por la devolución del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que financia la renta Dignidad a las personas mayores de 60 años.

También amenazaron con cortar el suministro de la venta de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina, en una actitud duramente cuestionada por el Gobierno del presidente Evo Morales.

De igual manera rechazaron el referendo sobre la nueva Constitución Política del Estado y advirtieron que no "permitirán" la realización de esa consulta ciudadana en "nuestros departamentos".
Jcch/Dgav ABI