Hernán Zeballos H.
hernanzeballos @ yahoo.com
No es mi especialidad, pero como ciudadano jubilado, en la categoría “sándwich”, me preocupa el cambio de las reglas de juego, como se da en muchos ámbitos de manera unilateral por parte del gobierno. Mi caso es cuando menos el de 500.000 personas que en los últimos años hemos aportado a las AFP’s y a una edad en la cual ya no podemos trabajar. Por tanto, tengo derecho a opinar y llamar la atención sobre el problema a aquellos que, como yo, no hemos sido consultados.
El problema. Movido por su afán de aplicar a como de lugar el dogma de estatizar todo, el gobierno ha decidido modificar la Ley de Pensiones, avasallando lo que existía, pese a las numerosas voces de alerta que señalan que un retorno a un modelo de pensiones como el que había antes será perjudicial para miles de ciudadanos.
Táctica y estrategia. Se plantea la modificación, a solicitud de la COB y la confederación de maestros, los cuales presentan un proyecto de Ley, con plazo perentorio para su aprobación. Primera duda, ¿serán actores independientes que actúan de buena fe?, o son los meros instrumentos de consignas a objeto de cambiar lo existente, porque “cambia, todo cambia”, y alguien cumple una demanda de interés social antes del 10 de agosto próximo.
La fórmula es la de siempre, si no está aprobado hasta tal fecha, paro nacional total, porque no se cumple la demanda de los “actores sociales” ¿y nosotros que somos, no tenemos categoría “social”?
Las connotaciones. Dos destacados especialistas anotan algunas de las dificultades e inconvenientes de esta propuesta.
Fernando Mirabal: “Las reservas transferidas a la Administradora Nacional de Pensiones , más de tres mil millones de dólares ahorrados por más de un millón de personas en 11 años de sistema previsional, podrán ser invertidas únicamente en colocaciones financieras de renta fija en el mercado de valores: específicamente valores del Estado”. Esta parece ser la madre del cordero, el Estado se apropia y solo podrán usarse estos recursos en valores del propio Estado. Es pasar dinero del bolsillo derecho al izquierdo.
Prosigue: “No permitir invertir recursos en unidades productivas, lo que se conoce como Fondos de Capital de Riesgo, es negarnos a apoyar a quienes marcan las pautas de los productos y servicios del futuro”. Concluye: “este proyecto no presenta ventaja alguna para los actuales afiliados, ..., presagia la reedición del Foccsap con la aparición de muchos Dante Escobar.”
Alberto Bonadona, a su vez apunta: “Con el número de jubilados y los actuales cotizantes o trabajadores activos que aportan a su AFP, no se puede mantener ningún sistema de reparto.”... Prosigue: “De los 500.000 que tienen sus cuentas individuales en las AFP, me temo que pueden ser no más de 200.000 y muchos de los próximos a jubilarse. Este es un número muy bajo para hacer sólido un sistema de pensiones”.
El defensor. Frente a esos datos que presagian catástrofe sale un defensor de una propuesta gubernamental, nuestro polifacético y polifuncional Vicepresidente; (LA PRENSA, 20/07/08). Plantea cinco pilares, explica cuatro. El primero, universalidad. Ello permitiría cubrir no a un 10 a 15% de asalariados regulares, sino a todos los trabajadores urbanos y rurales. El segundo, se protegerán las cuentas individuales; se mantendrán las cuentas del millón de personas pero, (OJO con esto) pero ya no en un fondo privado, sino estatal, con las garantías necesarias (¿será posible este sueño de una noche de verano?). El tercero, no hay generación “sándwich”, lo que evitaría un hueco financiero al Estado de 17 mil millones de bolivianos en los próximos 20 años. Cuarto, tiene que ser sostenible, que no se derrumbe de aquí a cinco o diez años. Concluye: se esta trabajando muy duro para enriquecer la propuesta vigente. ¿Debemos creerle?. Ante la duda habrá que seguir cuestionando algo que afecta nuestro futuro.







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