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R. Daniel Humérez Valda

Ante los multiples conflictos que vivimos los bolivianos desde que Evo Morales, asume la Presidencia, hemos sopesado momentos historicos que dificilmente vamos a olvidar, el compromiso de cambio que en su momento electoral fue ofrecido, quedo en los hechos en una ruin promesa, los argumentos de respetar y vivir en un Estado de derecho, quedan en simples enunciados políticos, ante la triste realidad de un avasallamiento institucional y para demostrar esta verdad, solo debemos recordar el manoseo, intromisión, imposición que tuvo el Poder Ejecutvo al interior de la Asamblea Constituyente, el desmoronamiento del Tribunal Constitucional, la socializaciòn de un Proyecto de Nueva Constituciòn Politica del Estado, que no representa al conjunto de los bolivianos, y lo que es peor, la misma, tiene su sustento en actos ilegales, que al presente los personeros de gobierno se esfuerzan en hacernos creer que la misma, es fruto de la maxima expresion democrática y fundamentalmente legal, además del constante incremento de precios de los productos básicos de la canasta familiar, sumado al presente, la crisis politica que nos demuestra la falta de gobernabilidad.

El conflicto político suscitado por los referendums convocados para la aprobaciòn de los Estatutos Autonómicos que se vienen, ante la incapacidad de concertaciòn oportuna del gobierno, llegando al extremo de descalificar a la Iglesia, como mediador de estos conflictos, en un afàn de desesperaciòn promulgo la Ley de Referendum Revocatorio de Mandato Popular, convocando para el 10 de agosto del presente año a que el pueblo, con su voto, exprese su voluntad de revocar el mandato al Presidente, Vicepresidente de la República y Prefectos de los nueve departamentos, lo curioso y sugestivo son las preguntas que contempla esta Ley, para la Revocatoria de Mandato Popular del Presidente y Vicepresidente de la República, ¿Usted està de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Alvaro Garcia Linera?, para la Revocatoria de Mandato Popular de los Prefectos de Departamento, ¿ Usted està de acuerdo con la continuidad de las polìticas, las acciones y la gestiòn del Prefecto de Departamento?

Que boliviano no esta de acuerdo con un proceso de cambio? Creo que todos estamos de acuerdo en esto, en lo que no estamos de acuerdo, es que, estos cambios impliquen la violaciòn de derechos y garantias constitucionales, que sean producto de

un manoseo abusivo arbitrario del Poder de quienes pretenden imponer sus políticas de gobierno, sin consenso de todos los bolivianos, como vemos el Gobierno simplemente pretende confundir a la poblaciòn con preguntas que deben circunscribirse a decir; Usted esta de acuerdo en REVOCAR el Mandato del Presidente, Vicepresidente y Prefectos?, y no pretender confundir con políticas, acciones y gestiones que realizan los Prefectos, más aún si el Gobierno a traves de sus Ministerios de Desarrollo Sostenible y Planificaciòn delinean las politicas departamentales y el plan de desarrollo departamental, de acuerdo al Sistema Nacional de Planificaciòn e Invesión Pública, limitandose los Prefectos a cumplir estas directrices gubernamentales.

Ante este nueva determinaciòn, debemos preguntarnos si con esta nueva ley, se solucionan los conflictos que vivimos? si está ley se encuadra a los preceptos de un estado de derecho? si no se vulnera un derecho constitucional ya emitido en un sufragio?

Es pertinente recordar al Presidente que los bolivianos ejerciendo un derecho constitucional hemos cumplido con el sufragio para elegir al Presidente, VicePresidente y Prefectos, sufragio que constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio, en suma los bolivianos a traves del voto, hemos delegado el cumplimiento de un mandato para un período delimitado, que puede ser interrumpido, por renuncia y/o cumplimiento del período electivo y por ningùn motivo, por leyes coyuntaleres, inmediatistas, que expresan solamente la voluntad política del actual gobierno, con el propósito de deslegitimar un mandato ya expresado en urnas por la poblaciòn, enmarcado en la Constitución Politica del Estado y que al presente es inducido por el Gobierno a desconocer los actos propios del pueblo, ley que contraviene las previsiones del Art. 4 paragrafo I C.P.E., en ningùn momento el soberano ha emitido su opiniòn, menos se lo ha consultado para que la cesaciòn del mandato, sea efectivizado mediante un procedimiento revocatorio, lo que deberia plantearse con caracter previo y en cumplimiento de la ley suprema, por iniciativa ciudadana se genere un referendum, mediante el cual se consulte al pueblo, si está de acuerdo en la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de este procedimiento revocatorio de cesaciòn de mandato, para otorgarle al mismo, legitimidad, al presente el Congreso de la

República, sanciona una ley que no expresa la voluntad popular, en concomitancia con el Poder Ejecutivo que por razones politicas simplemente se limita a su promulgación.

La C.P.E., determina el mandato improrrogable del Presidente, Vicepresidente de la Republica de CINCO AÑOS, por otra parte la Ley 3090 es una ley interpretativa

del Art. 109 C.P.E, que establece que la designaciòn presidencial de los Prefectos de Departamento sobre la base de la primera elecciòn por voto universal y directo duraran en sus funciones hasta la finalizaciòn de la actual gestión municipal prevista para el año 2009, en este marco legal, tenemos las causales para la interrupcion de este mandato.

La Ley de Referendum Revocatorio queda supeditado al acatamiento de la PRIMACIA DE LA CONSTITUCION, que es la ley suprema del ordenamiento juridico nacional, por ende los principios, garantias y derechos reconocidos por la Constituciòn Politica del Estado, no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentaciòn previa para su cumplimiento, más aún si las leyes rigen para lo venidero y solamente tienen caràcter retroactivo en materia penal y laboral, lo que pretende el Gobierno es deslegitimar un acto, una voluntad del soberano expresado en un sufragio a traves del voto, irrumpir un mandato del ejercicio de la funciòn pùblica por la inoperancia, arbitrariedad que cumple el Gobierno de Evo Morales en la conducción del Estado.

humerezvalda@ hotmail.com